Previo al proceso de desalojo de Finca San Juan, la señora Wendy Molina Varela, Ministra de Vivienda y Asentamientos Humanos y Presidenta Ejecutiva del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), se reunió con líderes comunales de esta localidad y los equipos técnicos de este ministerio y del INVU, con el fin de dar atención institucional a las familias afectadas por el desalojo realizado por la Municipalidad de San José.

Durante este encuentro, se reafirmó el compromiso de orientar y ayudar a las familias de la zona, con el objetivo de facilitar su incorporación al Sistema Financiero Nacional para la Vivienda. Bajo esa consigna, se realizará una actualización de la ficha técnica de cada familia; la meta a mediano plazo es que estos núcleos familiares se conviertan en beneficiarios de bono familiar de vivienda.

“Estamos conscientes de la necesidad de vivienda para estas familias. La institucionalidad ha intervenido a pesar de la irregularidad de este desalojo, se ha manifestado a la Municipalidad de San José el incumplimiento del protocolo existente para desarrollar estos procesos. Vamos a retomar los trámites pertinentes para ingresarlos al Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, una vez ingresadas, las familias comenzarán el trámite respectivo para ser beneficiarias del bono familiar de vivienda”, explicó la ministra de Vivienda y Asentamientos Humanos.

Asimismo, el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) realizará la valoración de los hogares que habitan el área y que serán desalojados por las autoridades de la Municipalidad de San José.

“La institución ha realizado gestiones desde el mes de noviembre de 2022, con el fin de brindar opciones a los hogares afectados, por lo que estará acompañando el proceso de desalojo y poniendo a disposición la asistencia de la institución para asegurar el cumplimiento de sus derechos”, argumentó Yorleny León Marchena, Ministra de Desarrollo Humano e Inclusión Social y Presidenta Ejecutiva del IMAS.

La comunidad de Finca San Juan, se originó desde inicios de la década de 1990. Es un predio dividido en tres zonas, todas las personas que serán desalojadas se encuentran en terrenos demaniales o de dominio público (calles, aceras, parques).